En menos de 10 días, las bancadas legislativas de Morena, PT y PVEM aplastaron a la oposición y aprobaron, en fast track, un paquete de siete reformas que servirán como estrategia de seguridad y telecomunicaciones que le otorga facultades al gobierno para intervenir comunicaciones, acceder a datos biométricos, vehiculares, telefónicos, registros bancarios y públicos de la propiedad.
Establece además reglas para presionar a los 32 estados a fortalecer sus estrategias de seguridad y los condiciona a comprometerse con ello para obtener recursos federales. Faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para investigar el uso de tarjetas de servicios o de crédito, y establece que la Guardia Nacional (GN) será una fuerza de seguridad formada por personal militar.
Se crea asimismo la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Plataforma Central de Inteligencia a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que deberán iniciar operaciones en un plazo no mayor a 180 días hábiles después de la entrada en vigor de la ley.
ALISTAN REFORMA ELECTORAL
En paralelo, ya se alista la reforma electoral, que será prioritaria al inicio del periodo ordinario, el próximo mes de septiembre.
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia fue la más criticada por la oposición. Se trata de una ley que confiere a la SSPC y la Guardia Nacional acceso a bases de datos personales y biométricos en posesión del gobierno federal y de entes privados para tareas de inteligencia. Con ello, la SSPC coordinará el Sistema Nacional de Seguridad, por lo que podrá solicitar información a otras instituciones del Estado para la identificación y el esclarecimiento de hechos presuntamente constitutivos de delitos, en especial de alto impacto, y podrá solicitar información a particulares.
Tendrá acceso a datos vehiculares y de placas, biométricos y telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, de personas morales, catastros, fiscales, de armas de fuego, de armas aseguradas o decomisadas, de comercio y de prestadores de servicios de seguridad privada.
También, a “padrones de personas detenidas y sentenciadas, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, marítimos, y todos aquellos de los que puedan extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia”.
La reforma establece que el CNI “podrá acceder, directamente o a través de la plataforma, a toda la información que integre, almacene, genere, recopile, sistematice o procese la Secretaría de Gobernación (Segob), mediante la Plataforma Única de Identidad, la cual fue creada con las reformas a las leyes generales de Población, en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, que también fueron avaladas en la Cámara de Diputados y el Senado en el periodo extraordinario.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública organiza y redefine las funciones que tendrá cada ente de seguridad en el país, incluidos estados y municipios.
Establece la obligación del Estado para constituir y operar una Academia Nacional de Seguridad Pública con funciones de profesionalización en inteligencia, investigación, operaciones especiales, instrucción y alto mando para las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
Crea nuevas competencias de los estados en seguridad pública que obligan a las autoridades locales a encabezar mesas de paz, a informar periódicamente a la población de las políticas, planes, programas y resultados en materia de seguridad pública, a establecer programas de prevención del delito y garantizar el desarrollo y la profesionalización de sus cuerpos policiales.
GEOLOCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL
Otra reforma avalada es la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que permite la geolocalización en tiempo real de todos los celulares de los ciudadanos y la posibilidad de suspender las transmisiones de radio y televisión cuando se incurra en “violación a los derechos de las audiencias”.
Se aprobó el dictamen que expide la nueva Ley de la Guardia Nacional, que define a esa corporación como una fuerza de seguridad pública permanente, profesional, integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
También se avaló una reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas por la que se crea la Plataforma Única de Identidad, que será la fuente primaria de consulta permanente y en tiempo real, y se interconectará con bases de datos o sistemas de información de los siguientes registros: Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; Base Nacional de Carpetas de Investigación, y Banco Nacional de Datos Forenses.
La mayoría legislativa aprobó la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley antilavado, que permite a Hacienda investigar el uso de tarjetas de servicios o de crédito cuando el gasto mensual acumulado sea igual o superior a 805 veces el valor diario de la UMA (113.14 pesos), es decir, 91 mil 77 pesos, además del uso de tarjetas prepagadas y de instrumentos de almacenamiento de valor monetario cuando el abono sea igual o superior a 72 mil 975 pesos (645 veces el valor diario de la UMA).
